📈 1. Aumentar la pena del delito de colusión, estableciendo una agravante para cuando ocurra en áreas sensibles como medicamentos, alimentación, transportes o servicios básicos. Creándose esta agravante, la pena para este delito partiría en 5 años de presidio (actualmente parte en 3 años y 1 día), lo que podría significar su cumplimiento efectivo.

📈 2. Aumentar la pena en caso de delitos del mercado de valores. Considerando que en el mercado de valores se invierte gran parte de los ahorros previsionales de todas las personas, se propone equiparar la pena de los delitos más graves del mercado de valores, uso de información privilegiada y manipulación bursátil (que actualmente son bajas), a la pena para el delito de colusión: de entre 3 años y 1 día a 10 años de presidio.

📈3. Aumentar la pena en casos de delitos de financiamiento irregular de la política, superando la actual pena de 61 días a 3 años (la que hace imposible cualquier aplicación efectiva), pasando a ser de 3 años y 1 día a 5 años de presidio.

📈4. Eliminar el plazo especial de prescripción de 2 años para los delitos de financiamiento irregular de la política. Este plazo quedó establecido en la última reforma a esta legislación (2016), sin que haya motivos relevantes para que estos delitos no se sometan a las reglas generales de prescripción.
5. Disponer expresamente que los parlamentarios deben denunciar los delitos que conozcan en función de su cargo. Recientemente fue discutida la situación de acusaciones y supuesta información que parlamentarios tendrían sobre las vinculaciones entre el narcotráfico y partidos políticos. Si bien la ley obliga a los “funcionarios o empleados públicos” a denunciar, se ha señalado que los parlamentarios no están incluidos en tal obligación, por lo que se propone someterlos a la misma.
📈 6. Imponer la prohibición para que aquellas empresas que tengan entre sus cargos directivos, gerenciales, de control o de administración a personas condenadas por hechos de corrupción o abusos de poder, con condena vigente, no puedan contratar con el Estado o recibir concesiones de este.

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