Diputados RN buscan evitar que notarios contraten a familiares de funcionarios del Poder Judicial


En el marco del debate del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales es que los diputados de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida y Paulina Núñez, presentaron indicaciones para regular la contratación de familiares en las entidades notariales.

En primer lugar, los legisladores -miembros de la comisión de Constitución de la Cámara, en la cual está en discusión el proyecto-, buscan prohibir que notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros contraten “para el desempeño de funciones en las dependencias de su oficio y cualquier otra función o prestación de servicios que se relacione con esta, a los ascendientes y descendientes, a sus cónyuges o a sus parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

La indicación también considera la inhabilidad de contratar a parientes que tengan vínculos por adopción.
En esa misma línea, los parlamentarios también presentaron una indicación que dicta que las mismas personas verán impedida la posibilidad de contratar, para los mismos fines “a los descendientes de los funcionarios del primer escalafón del Poder Judicial”.

Los diputados argumentan que esto busca impedir que se dé una práctica que, dicen, es “recurrente” en estas entidades, y que también iría en la línea de avanzar en la transparencia comprometida en el proyecto notarial.
El legislador Gonzalo Fuenzalida explica que “de esta forma se evitará todo tipo de atisbos y corrupción que puede haber en el sentido de comprometer cargos en base a nombramientos, lo que también debiese terminar con la forma colegiada que está establecida hoy”.

Por su parte, la diputada Núñez complementa que “es prudente buscar que las notarías, con todo lo que hemos vivido, no se transformen en lugares de nepotismo o para pagar favores políticos a los jueces contratando a sus familiares. Creo que esa independencia debe existir”.

Estas indicaciones, dicen los parlamentarios, irían en el mismo sentido que otras ingresadas al proyecto de integridad pública para regular la contratación de parientes en los distintos organismos del Estado.