A ley proyecto de diputados RN que prohíbe acciones de cobranza extrajudiciales en estado de excepción constitucional

  • Los legisladores, autores de la iniciativa señalaron que “estamos tratando de mermar las consecuencias psicológicas que genera el hostigamiento” y aclararon que esto no significa que se condonen las deudas.

Por 131 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, se despachó a ley el proyecto que prohíbe las acciones de cobranza extrajudicial de deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de primera necesidad, durante un estado de excepción constitucional de catástrofe y que fue presentado por diputados de Renovación Nacional, quienes aplaudieron la aprobación casi unánime.

En esta línea, la diputada Paulina Núñez -autora de la iniciativa- sostuvo que con esta modificación a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, “hemos logrado establecer límites a las llamadas telefónicas y acciones extrajudiciales de cobranza en general en un estado de excepción constitucional”.

“En ningún caso estamos condonando esas deudas, en ningún caso estamos impidiendo que se cobre. Lo que estamos haciendo es pedir a aquellas empresas de cobranzas que limiten este hostigamiento que se puede transformar en una catástrofe”, aclaró.

Por su parte, la legisladora Ximena Ossandón sostuvo que se trata de una iniciativa “para ahora, para esta pandemia, para la realidad que estamos viviendo, para tratar de mermar las consecuencias psicológicas que genera el hostigamiento de cobranzas extrajudiciales durante esta crisis”.

Asimismo, la parlamentaria aclaró que: “esto no quiere decir que las personas no van a pagar ni mucho menos, pero de alguna forma hay que entender que por distintas circunstancias no es que no quieran pagar es que no están pudiendo pagar”.

Por su parte, el diputado Harry Jürgensen sostuvo que con la aprobación de la iniciativa, “a partir de ahora las empresas tendrán límites a la cantidad de llamados o comunicaciones que podrán realizar a sus clientes. Adicionalmente, se pone fin a una práctica común que era enviar documentos que aparentaban ser escritos o resoluciones judiciales, con lo cual la empresa buscaba asustar o intimidar al deudor”.

“También el proyecto se hace cargo de una situación que tiene cansados a muchos chilenos que tiene que ver con recibir llamadas de cobranza que buscan a personas que ni conocen y con esta ley le ponemos fin a esta persecución”, dijo el parlamentario.

La iniciativa fue firmada también por los diputados Sofía Cid, Andrés Longton, Gonzalo Fuenzalida, Érika Olivera, Hugo Rey y la ahora Senadora Marcela Sabat, y el ex diputado Mario Desbordes.