Acusación constitucional, diputados RN tras escuchar a nuevos expertos: “La conclusión hoy es que los grandes argumentos jurídicos y técnicos señalan que esta acusación no tiene grandes argumentos” 

 

Diputados RN Catalina Del Real y Hugo Rey tras escuchar a nuevos expertos:

 

Los diputados e integrantes de la comisión encargada de estudiar la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos; Catalina del Real y Hugo Rey, desestimaron que hasta el momento se hayan escuchado argumentos que avalen el libelo acusatorio. 

 

Lo anterior, luego que la instancia legislativa  escuchara los argumentos de los académicos de la Universidad Católica y expertos en Derecho Constitucional, Constanza Hube y Germán Correa, además de la ex rectora de la Universidad de Magallanes Roxana Pey.

 

La diputada Del Real expresó que “la señora Roxana Pey  emite opiniones de políticas públicas que, gusten o no, la Ministra tiene el poder de argumentar el descontento con una política pública”. 

 

“Hemos escuchado también al abogado Víctor Avilés en la sesión pasada, y en esta sesión hemos escuchado a dos abogados constitucionalistas más y no se han registrado pruebas de que ha habido una condición que amerite una acusación constitucional. Una acusación constitucional es un juicio jurídico constitucional, a leyes que no se han cumplido o a que la Constitución no  haya cumpido. Es muy diferente a un juicio político en el que finalmente son temas de política pública o de gestión”, explicó.

 

Por su parte el diputado Hugo Rey, sostuvo que a su juicio “la conclusión hoy es que los grandes argumentos jurídicos y técnicos señalan claramente que esta acusación no tiene grandes argumentos, que la acusación se basa en argumentos políticos -no técnico-jurídicos- y que debiera ser una acción de última instancia, previa a muchas otras instancias”.

 

En ese sentido, el legislador hizo hincapié en lo señalado por el abogado Correa, quien dijo que “al ser de ‘última ratio’ (la acusación constitucional), no se entiende que la Contraloría o el Consejo para la Transparencia -no sólo ahora sino el 2011- son instituciones que habían dado señales de que el ministerio en torno a la información y correos electrónicos se pueden realizar. No es una infracción a las leyes, entonces llama la atención que se haya insistido y desconocido la resolución de estas dos importantes entidades del Estado”.

 

 “Esto aporta el fundamento que mucha de la información aportada en esta acusación constitucional no está debidamente argumentada; expertos juristas han demostrado que dicha acusación constitucional nunca se debió haber presentado con -al menos- los argumentos que tiene, por no tener mayor sustento”, finalizó.