Chile Vamos presenta escrito por inhabilidad de abogados patrocinantes en requerimientos presentados ante Contraloría

A juicio de los legisladores existiría una incompatibilidad por parte de los abogados que presentaron requerimientos por la designación de Pablo Piñera como embajador en Argentina y por la conformación de comisiones de trabajo, ya que ambos juristas trabajaron en el Gobierno hasta el pasado 11 de marzo.

Hasta la Contraloría General de la República, llegaron los Jefes de Bancada de los Diputados de la UDI, Javier Macaya; Renovación Nacional, Leopoldo Pérez; y Evopoli, Luciano Cruz Coke.
¿La razón? Presentar un requerimiento a la Contraloría por una presunta inhabilidad de los abogados patrocinantes en los escritos ingresados por el senador Alejandro Guillier cuestionando la instauración de los grupos de trabajo por los acuerdos nacionales, y la otra de los diputados Leonardo Soto, Daniel Núñez y Boris Barrera, en relación a la designación del hermano del Presidente Piñera como embajador en Argentina.
En la presentación se cuestiona el hecho que los abogados de ambos escritos, William García Machmar y Gabriel Osorio Vargas, son ex funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, lo que iría en contra de la normativa legal que quienes hubiesen prestado servicios en el Estado no pueden actuar en juicio contra el Fisco u otro servicio público, por el plazo de 1 año.
A juicio del jefe de Bancada UDI Javier Macaya, más allá de cualquier consideración, ambas presentaciones “fueron patrocinados por abogados que no podían ejercer juicios contra el fisco, ni litigar contra el fisco, ni llevar a asuntos contra el fisco, y creo es fundamental señalar que cuando uno hace una cuestión respecto de que el gobierno habría hecho algo mal, en este caso el gobierno del Presidente Piñera, convocando a estas comisiones de acuerdo, que es una presentación que hizo el senador Guillier o por el nombramiento de su hermano como embajador –un hecho que todavía no se ha concretado- tiene que hacerlo cumpliendo con todos los requisitos jurídicos”.
“El tema del nombramiento del embajador es un tema más político que es una facultad del Presidente de la República, y espero que el Contralor a la luz de los hechos tome en cuenta los antecedentes jurídicos del caso”, añadió Macaya.
En tanto su par RN Leopoldo Pérez indicó que “ha quedado demostrado con esta presentación, que los cuestionamientos que se han hecho al Presidente Sebastián Piñera por el nombramiento del embajador y por la instalación de las comisiones de trabajos transversales ha sido orquestado por ex funcionarios del Gobierno de izquierda de la Presidenta Bachelet y es por eso que hemos venido a dejar este documento para que no quede ninguna duda al respecto”.
“Y los diputados que contrataron a estos abogados, los abogados como asesores de estos mismos parlamentarios debieron haberse abstenido toda vez que están incumpliendo la constitución y las leyes que les prohíben durante un año poder ejercer este tipo de libelos contra el Estado y en contra órganos del Estado. Creemos que con esto va a quedar demostrado absolutamente que esto sólo se trató de una maniobra para entorpecer la labor del Presidente Piñera”, precisó Pérez.
A su turno, el jefe de bancada Evópoli, Luciano Cruz-Coke, detalló que “acá lo que nosotros estamos pidiendo a la Contraloría, es que se pronuncien respecto a la inhabilidad de estos abogados que debieron haber dejado al menos pasar 1 año después de haber trabajado precisamente en la Segpres, para poder litigar o tener algún juicio contra el Fisco o contra el gobierno en particular”.
“Nosotros-continuó- no cuestionamos exactamente el fondo; por el contrario, esperamos que el contralor se pronuncie ojalá lo más rápidamente posible a la habilidad del embajador Piñera para poder asumir sus funciones; sin embargo, acá lo importante es que se está cometiendo una infracción a la probidad administrativa, infringiendo el artículo octavo de la Constitución, el artículo 52 de la ley 18.575 y el artículo 61 del estatuto administrativo”.
Por último, el legislador señaló, respecto al requerimiento de la oposición, que hay que “entender que finalmente detrás de esto, más que buscar realmente algún elemento de transparencia o de probidad, lo que se ha buscado finalmente es hacerle una zancadilla al gobierno y una maniobra política”.