Desafíos nacionales en tiempos de pandemia

OPINION

La crisis desatada por el Coronavirus ha plantado a Chile frente a un escenario sin precedentes. Junto con el estado de excepción que restringe libertades de movimiento, de reunión y permite medidas de  contención de la pandemia, también han estado aquellas acciones que desde el Congreso hemos tenido que poner en marcha, mediante proyectos de ley.

Y es que la idea mayoritaria es colaborar con el gobierno para establecer marcos de acción rápidos y efectivos para combatir la crisis a fin de  salvar la mayor cantidad de vidas. Pero también robustecer mecanismos de protección en lo social y fundamentalmente en lo económico, que es el otro gran desastre que está dejando este virus en el mundo.

Estos proyectos, tanto en su forma de mensajes –originados desde el Ejecutivo- como mociones –tienen su génesis en propuestas parlamentarias- han ido en dos líneas generales: reforzar el trabajo clínico facilitando procesos, suspendiendo otros o innovando en medios no presenciales de interrelación; y en proteger y adelantarnos a la batahola económica y laboral, creando y articulando herramientas jurídicas de apoyo y soporte al mundo del trabajo, los micro, pequeños y medianos emprendimientos.

Es que el aislamiento ha significado paralizar gran parte de la actividad productiva nacional para salvaguardar la vida y salud de las personas. Entre perder vidas y congelar la actividad económica, esta última decisión es el mal menor y obvio, pero sigue siendo mal al fin y al cabo, y nos va a pasar la cuenta si no tomamos previsiones ahora mismo.

Entre los proyectos en revisión estos días en el Congreso Nacional, me permito citar aquellos de mayor impacto: el teletrabajo o trabajo a distancia; la recién aprobada suspensión por el 2020 de la renovación de la licencia de conducir; la postergación del vencimiento del permiso de circulación; y la fijación de un régimen de excepción para los procesos judiciales, evitando las audiencias y actuaciones judiciales presenciales.

Figura igual la propuesta del Ejecutivo que protege el empleo y fortalece el seguro de cesantía, con medidas transitorias como los pactos de reducción temporal de jornadas; la disminución de requisitos de acceso a beneficios y otros aspectos puntuales de las relaciones empleador-trabajador. También está en tabla un indulto conmutativo de penas privativas de libertad por reclusión domiciliaria para mayores de 65 años, embarazadas o con hijos menores de dos años.