Diputado Andrés Longton pide al Gobierno suma urgencia a proyectos que regulan uso tobilleras en casos de violencia intrafamiliar y modificación de Ley de Pensión de AlimentosModificació

  • Al menos, en el 50% de la casos en que una mujer fue agredida o asesinada en lo que va del año, el victimario tenía por ejemplo orden de alejamiento. También se  solicitó al Ejecutivo priorizar los proyectos que enfrentan la alta cantidad de deudores de pensiones de alimentos.

“Las víctimas no pueden seguir esperando”, señaló el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton, quien ofició a los ministerios de Justicia y de La Mujer y Equidad de Género, con el fin de que los jefes de ambas carteras Hernán Larraín y Mónica Zalaquett, respectivamente, soliciten al Presidente Sebastián Piñera que otorgue suma urgencia a los  proyectos que regulan el uso de tobilleras.

En el escrito, -que también fue firmado por los diputados RN Francesca Muñoz y Eduardo Durán, así como Luis Rocafull (PS) y Natalia Castillo (RD)- tanto Longton como sus pares,  expresan su preocupación porque las medidas cautelares de prohibición de acercamiento en favor de aquellas víctimas de violencia intrafamiliar “no ha traído los resultados esperados”.

Las iniciativas se encuentran en primer y segundo trámite constitucional, y busca que estos dispositivos sean utilizados por quienes que se encuentren en proceso judicial por violencia intrafamiliar (VIF) y con medidas cautelares de no acercarse a sus víctimas.

A juicio del parlamentario RN por la Región de Valparaíso, se trata de iniciativas de suma importancia para frenar casos de violencia intrafamiliar, así como de femicidios en el país.

“Es inadmisible que hasta la fecha llevemos 35 femicidios consumados y 131 frustrados en el país, de los cuales en el 50% de los casos, al menos contaba con medidas cautelares como por ejemplo orden de alejamiento, lo que demuestra que éstas en realidad no son más que un saludo a la bandera, porque no están dando los resultados esperados”, aseveró.

Pensiones alimenticias

En su oficio, los legisladores también piden a los secretarios de Estado que realicen gestiones para que el Presidente Piñera otorgue un tratamiento prioritario a aquellas iniciativas que buscan enfrentar la alta cantidad de casos de personas que no cumplen con sus obligaciones alimenticias con sus hijos.

En ese sentido, junto con solicitar que proyectos como el que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias tengan prioridad por parte del Ejecutivo, los legisladores también explican que a su juicio resulta “impostergable el ingreso a trámite legislativo de un mensaje que modifique la ley Nº 14.908, plasmando de esta manera los acuerdos de la mesa técnica de trabajo entre el Ejecutivo y el Parlamento, constituida especialmente para tal efecto”.

“Recoge las distintas iniciativas parlamentarias y nos extraña que a estas alturas, después de todo el trabajo que hubo de por medio aún no se presente el proyecto comprometido,  perpetuando la desesperanza de muchas familias principalmente madres”, manifestó Longton.

Asimismo, en el escrito se precisa que “más del 84% de los demandados en causas de alimentos no pagan la pensión de alimentos, deuda que según datos del Poder Judicial asciende a un total de 180 mil millones de pesos”.

“Son iniciativas que tienen el compromiso transversal del Parlamento y es por eso que oficiamos el ministro de Justicia ya la ministra de La Mujer para que el Gobierno también se comprometa de manera enérgica y decidida, y le dé una tramitación más expedita a estos dos proyectos mediante el mecanismo de las urgencias por un lado y/o de iniciativas, lo importante es que esto avance y que menos mujeres en Chile siguen siendo víctimas de la violencia”, señaló la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo.

Finalmente, el diputado Longton expresó que los proyectos mencionados en el oficio “sean de origen parlamentario o presidencial, requieren de un tratamiento prioritario por parte del Gobierno, y en ese esfuerzo hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque debemos bajar las altas cifras de deudores alimentarios, así como también las cifras de femicidios, consumados o no, provocados por sujetos que ya cuentan previamente con una medida cautelar de alejamiento, que simplemente no respetan”.