Diputado Leonidas Romero acude a Contraloría por graves irregularidades en la Corporación de Asistencia Judicial del Bío-Bío

  • Licitación fraudulenta, estudio interno sin sustento y nombramiento de director mientras se encontraba en sumario por dineros mal habidos, forman parte de la acusación.  
Esta mañana, el diputado de Renovación Nacional por el distrito 20, Leonidas Romero, solicitó a la Contraloría Regional del Bío-Bío que se pronuncie con respecto a diversas situaciones irregulares detectadas en la Corporación de Asistencia Judicial del Bío-Bío. El parlamentario denuncia derechamente tres hechos, los cuales solicita investigar a fondo para así perseguir las responsabilidades correspondientes.
El primero, hace alusión a una licitación pública por 237 millones de pesos, con la cual se realizarían mantenciones y reparaciones eléctricas menores para unidades operativas de la CAJ. Sin embargo, el nombre de dicha licitación no correspondería con el objeto de la misma, pues se habría formulado originalmente para tener un soporte informático sustentable. De hecho, las bases ni siquiera fueron consultadas con el Jefe de Informática y Estadística de la institución, sino que fueron elaboradas por el Asesor de Soporte Técnico, quien mantendría una estrecha relación de amistad con el seremi de Justicia, quien lo habría recomendado en el cargo, y con el representante de la empresa que se adjudicó esta licitación.
Bases mal confeccionadas, reuniones fuera de Ley del Lobby entre CAJ y oferente, falta de anexos y documentos agregados en ítem diferente en la ficha de licitación, Tabla de Evaluación y Acta de Apertura firmadas por una persona que figura con un con cargo que no existe, que se encuentra a honorarios, por ende, sin responsabilidad administrativa, son sólo algunas de las situaciones denunciadas con respecto a este tema.
Por otro lado, pide investigar el nombramiento del director (s) de la CAJ Biobío, quien fue designado en el cargo mientras se encontraba en sumario por dineros mal habidos, pues tras haber realizado un reemplazo de abogado profesional del consultorio de familia de Talcahuano, siguió percibiendo remuneraciones, pese al cese de sus funciones en dicho cargo. Además, se refiere a un estudio organizacional realizado por la empresa Cliodinámica, el cual tuvo un costo de 60 millones de pesos, cuyos objetivos y real necesidad son desconocidos.
El diputado indicó en forma enérgica que “es necesario que se determine la ilegalidad de la actuación de varios funcionarios públicos, independiente del cargo que ostenten. Se deben realizar los sumarios correspondientes y aplicar sanciones, caiga quien caiga”.