Diputado Romero pide explicaciones a ENAP por ejecutivos que serán formalizados y exige que financien su defensa legal con fondos propios

Debido a eventos de contaminación en Talcahuano y Quintero ocurridos el año pasado

Acción judicial fue fijada para el mes de noviembre y funcionarios siguen desempeñando funciones

El diputado de Renovación Nacional por el distrito 20, Leonidas Romero, solicitó el día de hoy, que se oficie a la presidenta del directorio de ENAP, Loreto Silva, para que explique las medidas adoptadas por la estatal con respecto a los seis ejecutivos que serán formalizados en el mes de noviembre y las acciones dispuestas para perseguir la responsabilidad de Marcelo Tokman en los ilícitos investigados. Además, exigió que estos ejecutivos financien su defensa legal con medios económicos propios y que en ningún caso este gasto corra por parte de la empresa nacional, pues sería indirectamente financiado por todos los chilenos.

La anterior solicitud fue realizada en intervención de Romero en la hora de incidentes de la Cámara Baja y fue aplaudida por el público y parlamentarios presentes. La iniciativa busca conseguir respuesta a un sinfín de interrogantes que han ido quedando a través del tiempo pues pese a que se ha solicitado información a su directorio en numerosas oportunidades, ésta no ha sido entregada. Además, declara no conocer acciones internas para aclarar ilícitos ocurridos durante la anterior y actual administración “no hemos conocido ninguna acción por parte del directorio de ENAP, presidido por Loreto Silva, para tratar de aclarar este delito y otros que se cometieron y han cometido en la anterior administración, liderada por Marcelo Tokman y en la actual, dirigida por Andrés Roccatagliata.” recalcó el diputado.

En la ocasión, destacó y felicitó la labor de la fiscal regional del Bío-Bío, Marcela Cartagena, quien en trabajo conjunto con la fiscal especialista en delitos medioambientales, Ana María Aldana, fueron capaces de detectar y tomar medidas frente a diferentes irregularidades que se han cometido en el transcurso del funcionamiento de la empresa, lo que el Consejo de Defensa del Estado, se ha negado a hacer hasta ahora en forma sistemática, pese a las reiteradas peticiones de Romero.