Diputados de RN piden a Contraloría que indague legalidad del decreto tarifario de administración Bachelet

Sigue polémica por medidores: Medida permitió que nuevos aparatos sean financiados por clientes y propiedad a perpetuidad de las empresas. Esperan que Contralor General resuelva controversia.

Los diputados de Renovación Nacional, Jorge Durán, Paulina Núñez y Gonzalo Fuenzalida llegaron hasta la Contraloría General de La República con el fin de que investigue respecto de la legalidad del decreto tarifario creado en el Gobierno anterior que permitió que el valor y arriendo de los nuevos medidores de luz sea costeado en su totalidad por los usuarios.

Si bien los parlamentarios coincidieron en el importante avance que significa la transformación de los aparatos de modo análogo a digital, aseguraron que el costo no debe ser transferido al usuario.

“Creemos que es ilegal. Creemos que atenta contra el principio básico que es el derecho a la propiedad, por lo cual, el que es dueño paga lo propio y no el que recibe el servicio, en este caso, el cliente. Por eso hemos concurrido a la Contraloría que tomó razón de este decreto tarifario en enero del 2018 para que lo revise y revise su legalidad porque nosotros creemos que tiene vicios de ilegalidad por lo que he señalado” dijo el diputado Gonzalo Fuenzalida.

Por su parte la diputada Paulina Nuñez dijo que: “Si bien esto se puede revertir desde distintas formas, incluso en el Congreso, la legalidad es un punto clave en todo este asunto, por eso, hemos presentado este requerimiento (…) para que sea Jorge Bermúdez el que pueda revisar la legalidad de este decreto y cumplir con el espíritu de la ley y es que el cambio a los medidores sea costeado por la empresa. Creemos que está en las manos del contralor la solución a esta controversia.

En este mismo sentido, el diputado e integrante de la Comisión de Energía, Jorge Durán agregó que: “Basta ya de abusar de los consumidores, por eso hoy en día dejamos en manos del decreto. Creemos que es abusivo, que se está abusando del principio de buena fe de este proyecto, que sólo buscaba que se repusieran los medidores que tuvieran dificultades para prestar un buen servicio, pero jamás se pensó que iba significar un negociado para las empresas y tratar financiar activos propios”.

Cabe destacar que los tres parlamentarios recurrieron también a la Secretaría de Electricidad y Combustibles (SEC) la semana pasada para intervenga revirtiendo la medida que afecta a los clientes.